Autoridades llevan más de 10 años prometiendo bloquear las señales telefónicas en la cárceles

Desde hace más de 10 años es frecuente en República Dominicana el anuncio de medidas o algún plan por parte de las autoridades para bloquear las señales telefónicas en los recintos penitenciarios, que ha incluido la ejecución, en el 2014, del primer proyecto piloto y que fracasó a los pocos meses.

Las intenciones pronunciadas y las acciones puestas en marcha por más de una década no solo se han limitado a varios directores del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y desde la procuraduría general, también por parte del presidente de la República y congresistas que han sometido proyectos de leyes que finalmente perimen en las cámaras.

Una de esas medidas, un decreto del 2011 del entonces presidente Leonel Fernández, declaró "de emergencia" la adquisición e instalación de equipos que impidieran la recepción y envío de llamadas y datos desde las cárceles.

La disposición presidencial, número 564-11, asigna al Indotel la responsabilidad de gestionar la adquisición de los aparatos.

No han llegado a las cárceles, pero sí a la justicia

Aunque ninguno de los muy difundidos proyectos de bloqueos de señales ha prosperado para limitar o poner fin a los delitos y crímenes que continúan cometiendo los reos desde las cárceles del país, las irregularidades en los procesos de compras y fines dados a esos equipos si han llegado a los tribunales.

Una de las acusaciones que enfrenta el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, es la de comprar tres bloqueadores de señales de telefonía y data a un costo de RD$6,698,472, uno de los cuales, según el Ministerio Público, lo utilizaba en una villa de su propiedad en Casa de Campo.

Fueron comprados en el 2019 y en el 2020 "con la supuesta finalidad de ser utilizados en la propia Procuraduría General de la República y en los diferentes Centros Penitenciarios y Cárceles del país, dispositivos estos que nunca se destinaron, y por ende tampoco se utilizaron, en la función para la cual fueron adquiridos", detalla la acusación contra el exprocurador general en "Operación Medusa".