¿Debe el gobierno dominicano permitir que miles de motocicletas sin registro sigan acumulándose oxidadas en el Canódromo?
Hoy, el Canódromo es un vertedero de motocicletas confiscadas que nadie reclama ni utiliza. Muchas fueron incautadas por falta de documentos o problemas judiciales, pero todas terminan abandonadas.
El Estado no hace nada mientras el país enfrenta caos vehicular y delincuencia motorizada. En Estados Unidos, cuando un vehículo no es reclamado, se destruye, recicla o vende en subastas públicas, convirtiendo el problema en oportunidad.
¿Por qué no hacer algo similar aquí, pero con un enfoque social?
Imaginemos una campaña nacional de registro y amnistía temporal para legalizar estas motos sin burocracia. Que el Canódromo se convierta en un centro para reacondicionar unidades en buen estado y distribuirlas a trabajadores informales, estudiantes o madres solteras que necesitan transporte.
Esto sería más justo, eficiente y humano que dejarlas oxidar y olvidadas.
El Canódromo no tiene que ser un cementerio de chatarra, sino un símbolo de orden, oportunidad y justicia social.
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